Lourdes Arastey: La perspectiva de género gana fuerza en el Tribunal de Luxemburgo

Las magistradas del Tribunal Supremo Lourdes Arastey (izquierda) y María Luisa Segoviano.

Las magistradas del Tribunal Supremo Lourdes Arastey (izquierda) y María Luisa Segoviano.

Sin alharacas ni aspavientos, la magistrada española Lourdes Arastey Sahún (Tarragona, 1959) se ha convertido este mes en el primer miembro de la judicatura elegido para ser juez del Tribunal de Justicia de la UE con sede en Luxemburgo. Ningún juez ni jueza había ocupado hasta ahora ese puesto en nombre de España en la cúspide de la justicia europea. Por primera vez, además, el salto se produce con la pértiga de unos méritos evaluados y contrastados por un comité de selección que tras revisar todas las candidaturas optó por la juez catalana.

El nombramiento de la hasta ahora jueza del Tribunal Supremo español ha sido ratificado este mes por el Consejo de la UE. Y la toma de posesión tendrá lugar el próximo 6 de octubre con un mandato de seis años.

Arastey llevará a Luxemburgo una perspectiva de género que ha sido clave en muchas de las sentencias dictadas por la Sala IV de lo social del Supremo, en la que ha ocupado plaza desde 2009. Firme convencida de que la desigualdad entre hombres y mujeres persiste, Arastey mantiene un espíritu tan combativo a favor de la igualdad como reacio a los espejismos políticos y legales que se traducen en grandes proclamas sin efectos en la realidad.

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“No hace falta decir en más leyes que el hombre y la mujer son iguales ni tampoco que está prohibida la discriminación por razón de sexo, con decirlo como lo dice la Constitución ya está bastante claro”, afirmó la juez del Supremo el pasado 8 de marzo durante su intervención en el congreso de la abogacía joven de Madrid.

Arastey repasó ante una nueva generación de abogados el lento avance hacia una equiparación en la igualdad de oportunidades, incluido el propio sector de la justica. “Hasta 1967 estaba prohibido que la mujeres fueran jueces y fiscales”, señaló. Y recordó que el sangrante motivo para tal discriminación era que, según las leyes de la época, esos cargos exponían a las mujeres a perder atributos como “la ternura, la delicadeza y la sensibilidad”. Arastey lamentaba que “el techo de cristal a menudo es una osa de cemento”.

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La juez se ha abierto camino de manera imparable en ese mundo de togas masculinas desde que en 1982 se licenció en derecho por la Universidad de Barcelona. Solo dos años después ingresaba por oposición en la carrera judicial. Y tras su paso por varios destinos, que incluyen un juzgado de lo social en Barcelona y la sala social del Tribunal superior de justicia de Cataluña, llegó en 2009 al Tribunal Supremo donde hoy es una de las 14 magistradas en un órgano con 81 miembros. “Llevo más de 8 años en el Tribunal Supremo y en los ascensores el personal de la casa que no me conoce tiende a tutearme – porque dan por hecho que soy una secretaria personal de algún Magistrado”, señaló en una entrevista. Y añadía “más de 8 años tachando en las providencias de las que soy ponente el “Excmo. Sr. D.”, para ponerlo en femenino…”.

‘Vitorina’

Perteneciente a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), a cuyos afiliados de conoce como vitorinos o vitorinas, Arastey ha denunciado a menudo las precarias condiciones laborales y logísticas en que se ven obligados a actuar buena parte de los 5.300 jueces que tiene España, un país que cuenta con un ratio de 11,3 jueces por cada 100.000 habitantes frente a un ratio europeo de 24,5. La magistrada defiende, sin embargo, que a pesar de todo la justica española ha logrado mantener su independencia. “A la ciudadanía se la ha querido confundir, interesadamente, con la politización del Consejo General del Poder Judicial. El poder judicial somos los jueces no el Consejo”, se quejaba Arastey en una entrevista publicada por su asociación profesional AJFV.

.Quienes han seguido su trayectoria destacan su carácter cosmopolita, su talante para ofrecer y ganarse la confianza de los compañeros de carrera y una capacidad de trabajo que la llevó muy pronto hasta el Supremo y ahora la ha elevado hasta la máxima corte de la UE. Además de castellano y catalán habla inglés, francés e italiano. Y su experiencia internacional incluye desde proyectos en casi toda Europa y países latinoamericanos a su pertenencia al Tribunal administrativo de la OTAN que dirime las disputas laborales planteadas por el personal de la Alianza.

Firme partidaria de superar un modelo de proceso judicial en el que “las partes no se escuchan”, según señaló en la conferencia de apertura del curso académico 2019-2020 en la facultad de Derecho de la Universidad complutense. Arastey aboga por dar al ciudadano un protagonismo mucho mayor, que reconozca su mayor nivel de información y conocimiento. El modelo actual, ha asegurado, “no encaja con el ciudadano del siglo XXI”.

Defiende también con ahínco el uso de canales alternativos para la resolución de conflictos como la mediación, para que las sentencias sean solo el instrumento de último recurso. Impulsora de esa via tanto a nivel europeo como español fue vicepresidenta del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME), donde también ocupó en su día el puesto de presidenta de la sección española.

Con todo ese bagaje decidió aspirar la vacante que se abre este año en el Tribunal de Justicia europeo con la salida de Rosario Silva de la Puerta, la abogada del Estado que llegó al cargo en 2003 y que en 2018 fue elegida como vicepresidenta de la institución. Silva de la Puerta, cuyo mandato expira el 6 de octubre, comunicó al Gobierno que no deseaba renovar lo que abrió la carrera por su sucesión.

Méritos propios

Por primera vez, España ha cubierto el puesto tras una convocatoria pública y un proceso de selección regulado por un real decreto aprobado en noviembre de 2020 que pretende acabar con los pasteleos políticos y mejorar el sistema de selección para el TJU y el Tribunal europeo de derechos humanos “con vistas a que las mejores candidaturas sean las que se integren en estos altos tribunales”.

La designación de Arastey colma varios objetivos. Su reconocida experiencia en materia social encaja con una de las áreas donde el Tribunal europeo de justicia ha dictado numerosas sentencias sobre España. Su procedencia del Supremo puede ayudar a mejorar las relaciones entre ese tribunal y el europeo, que en los últimos años le ha leído varias veces la cartilla a la corte española, sobre todo, en relación con litigios en el área de consumo que afectaban a las entidades financieras españolas.

Arastey también se va a encontrar en Luxemburgo con varios casos relacionados con su tierra natal, desde los pleitos planteados por Carles Puigdemont o Oriol Junquera para defender su condición de eurodiputados hasta la consulta prejudicial del juez Pablo Llarena para intentar que Bélgica ejecute la orden de detención y entrega contra el ex presidente de la Generalitat destituido por el gobierno de Rajoy y afincado en Waterloo desde 2017.

La juez parece consciente de que su llegada a lo más alto, como la de cualquier mujer, despertará reticencias entre los negacionistas de la desigualdad y entre quienes identribuyen la selección de una mujer atribuyen a la aplicación de cuotas ajenas a los méritos. “Nunca, hasta que no empezaron las mujeres a acceder [a puestos de decisión], se había acordado nadie tanto de que las personas tienen que acceder por méritos, (…) como si ese requisito hubiera sido innecesario mientras los candidatos eran solo hombres”, ironizaba Arastey en su intervención ante el congreso de los jóvenes abogados madrileños.

“La realidad demuestra que cuando una mujer aparece en las candidaturas se abre un debate a degüello exigiendo que ella solo acceda por méritos, el escrutinio de los requisitos es feroz en el caso de las mujeres”, subrayó. Y remató con una sentencia que se ha abierto paso entre economistas y analistas del mercado laboral: “Las cuotas no son a favor de las mujeres sino en contra de los hombres mediocres”.

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